Magallanes devela de nuevo el trauma con las políticas públicas territorialmente diferenciadas
La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se ha transformado en días pasado en el caso más emblemático referido a la discusión sobre subsidios o ayudas espacialmente diferenciadas en el país. Obviamente el tema del gas no es sino la punta del iceberg en esta discusión.
La tendencia normal en el caso de Chile, ha sido la de aplicar políticas públicas "planas", no diferenciadas en el territorio, lo que evidentemente hace más difícil conseguir la disminución de algunas de las disparidades territoriales más agudas existentes en el país. Existen pocos ejemplos de criterios territoriales a la hora de emprender acciones o distribuir inversión y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, instrumento pensado para favorecer el desarrollo territorial -más allá de sus altibajos-, corresponde al instrumento más importante en el seno del Estado en materia compensación territorial.
En el recuerdo de muchos aún están los esfuerzos enmarcados en los planes Arica o Austral, los que en una primera aproximación pueden verse como fracaso pero que, en una mirada de mayor profundidad, pueden explicar por qué la situación de las regiones involucradas en dichos planes no es aún peor a la actual. La pregunta es entonces, ¿cuál sería la situación de no haber existido en el pasado una estrategia explícita de apoyo a estos espacios? Extremando la pregunta, ¿cuál sería la situación chilena en la Antártica si hubiésemos aplicado sólo criterios planos de rentabilidad y no las razones geopolíticas que conocemos?
La situación de Magallanes no es nueva y no es ni será la única ya que, por ejemplo, en el marco de la discusión presupuestaria para el año 2006, el senador José García proponía abordar el tema del desarrollo de las zonas extremas del país. La "nueva" Región de Arica y Parinacota también exigía lo suyo, aunque al crearla a imagen y semejanza de las ya existentes, se perdió la oportunidad de generar una región especial, un espacio destinado a recibir toda la importancia que la sociedad acuerde entregarle dada su posición geoestratégica.
Las manifestaciones magallánicas nos retrotraen a la vieja discusión sobre si el énfasis debe estar puesto sólo en la ayuda a las personas o también en la ayuda a los "lugares". No se puede negar que muchas de las dificultades en materia de mejoramiento en la calidad de vida de las primeras no se resolverán simplemente por el lado de la ayuda a determinados grupos vulnerables, sino más bien por acciones destinadas a modificar el rumbo de ciertos espacios. Una medida como la planteada originalmente o el propio acuerdo bien valen una discusión técnica sobre lo que los chilenos queremos de esta austral región.
La idea de establecer acciones específicas hacia territorios especiales no ha sido ajena a las preocupaciones del Estado chileno, aunque por ahora sólo sobrevive una que otra medida, entre las cuales el mencionado acuerdo sobre el subsidio al gas y el estatuto especial para Isla de Pascua.
Cualquiera sea la condición para definir a un espacio como especial (territorios aislados o geográficamente estratégicos, entre otros), su sola incorporación en materia de preocupación pública representa un salto desde la lógica sectorial de análisis que ha caracterizado al Estado chileno, a una lógica territorial.
¿Si aceptamos la idea de personas en situación de vulnerabilidad, no será tiempo de hacerlo también con la de territorios vulnerables (y por esta razón estratégicos)? ¿Cómo se habrá desarrollado la isla de Hokkaido, al norte de Japón, o Alaska, en los Estados Unidos, o en el vecindario, Ushuaia? El nivel de subsidios allí podría sorprendernos, aunque no el ejercicio de soberanía efectiva de los respectivos Estados en dichos espacios.
Dr. Federico Arenas Vásquez
Director
Instituto de Geografía, UC