13 de Noviembre, 2025
El informe propone, por primera vez en nuestro país, criterios técnicos para reemplazar el actual enfoque de “borde costero” y avanzar hacia una gestión integrada de los sistemas socioecológicos litorales en colaboración con especialistas y entidades públicas.

El primer policy paper que establece las bases científicas para definir el deslinde marítimo terrestre y la delimitación integral de la zona costera -un insumo clave para los procesos de gestión, ordenamiento territorial y adaptación al cambio climático en el país- fue presentado la semana pasada en Valparaíso por la académica del Instituto de Geografía UC, Dra. Carolina Martínez, quien lideró un trabajo de tres años en el que participaron seis universidades del país.
El documento “Bases científicas para una zonificación costera en Chile: propuesta para una Política Costera”, dado a conocer durante un seminario en el Congreso Nacional, propone superar la mirada histórica que en nuestro país ha reducido la costa a una franja rígida de 80 a 200 metros regulada principalmente por concesiones, para avanzar hacia una mirada integral de la costa como un sistema socioecológico complejo, modelado por procesos marinos, terrestres y humanos.
Según explica Carolina Martínez, la publicación es fruto de un trabajo interdisciplinario en el que participó el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) y que contó con apoyo del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), así como también universidades regionales como la Universidad Católica de Temuco, Universidad católica de la Santísima Concepción, Universidad de Concepción, Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Talca, Universidad Técnica Federico Santa María y el Instituto Milenio Secos.

El informe propone un conjunto de criterios científicos, técnicos y multidisciplinarios para definir con precisión la línea litoral -el límite dinámico entre mar y tierra-, así como la extensión de lo que se considera como zona costera desde un punto de vista científico.
“Hablamos de variables como mareas astronómicas, alcances de marejadas extremas, cambios en el nivel del mar, perfiles de playas y dunas, indicadores biológicos del intermareal, reconstrucciones geológicas históricas, y también herramientas tecnológicas que nos permiten analizar la dinámica de la línea de costa con rigor científico”, señala Carolina Martínez.
La académica agrega que la experiencia internacional demuestra que las políticas costeras efectivas se basan en delimitaciones científicas como las que establece este documento, incorporando los efectos del cambio climático, tales como erosión acelerada, aumento del nivel del mar, marejadas más frecuentes y eventos climáticos extremos como los derivados del cambio climático.
Contribución para el país
Según destaca la profesora Martínez, Chile cuenta con más de 6 mil kilómetros de costa, lo que nos convierte en uno de los países más expuestos de Latinoamérica a esta clase de fenómenos, incluyendo problemáticas como la erosión de playas, las marejadas, el aumento del nivel del mar y también tsunamis. En este contexto, contar con criterios técnicos actualizados para definir la zona costera es fundamental para mejorar la gestión del territorio, proteger ecosistemas estratégicos y fortalecer la reducción del riesgo de desastre.

“La delimitación correcta de la zona costera es el primer paso para una gestión integrada y sostenible, capaz de responder a los desafíos del cambio climático y la presión urbanística que hoy enfrentan nuestras localidades costeras”, señaló Carolina Martínez, destacando que el policy paper busca convertirse en un insumo potencial para instituciones públicas y territorios locales.
La directora del Centro UC Observatorio de la Costa destacó además que el trabajo presentado abre una ruta concreta para una futura ley de costas, aportando evidencia fundamental para actualizar los instrumentos de planificación territorial, protocolos de riesgo y políticas sectoriales asociadas a la zona costera.
El informe completo se encuentra disponible para instituciones públicas, municipios, organizaciones ciudadanas, comunidades y tomadores de decisión que requieran aplicar estos criterios en procesos de gestión, ordenamiento territorial y adaptación al cambio climático.
